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miércoles, octubre 20, 2021

VIOLENCIA Y TORTURA CONTRA UN NIÑO DE 6 AÑOS

Por Lic. Holger Peralta

El presunto caso de violencia sexual a un menor de apenas 6 años de edad ha causado conmoción en Naranjal y puesto en alerta a las autoridades a nivel nacional.

 A continuación la cronología de los hechos: 

Según el parte policial, el pequeño Kael, oriundo del cantón Naranjal, provincia del Guayas, fue llevado el sábado 4 de septiembre de 2021, al hospital de la localidad con un fuerte dolor abdominal, sin embargo tras los chequeos se detectó que el infante presentaba huellas de maltrato y laceraciones antiguas de presunto abuso sexual, además de quemaduras en todo su cuerpo. Por lo que fue trasladado hasta el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil. Allí los doctores hicieron un doloroso diagnóstico.

“El niño estaba prácticamente muerto. Tenía pus en las vísceras porque los golpes ya eran de bastante tiempo. (…) Cuando fuimos a revisar el caso del niño nos dimos cuenta, a primera vista, que el niño había sido torturado. Tenía quemado todo el cuerpo, el ano casi flotando, es algo impresionante”, asegura María Gabriela García, coordinadora zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Su cuerpo frágil y pequeño registra las huellas de un horroroso delito; cometido presumiblemente por su padre biológico y madrastra. Tres horas después de la llegada del niño al hospital, otra niña arribó al centro hospitalario con heridas similares.

Se trataba de la hermana de 8 años que llegó con quemaduras y golpes, aunque aún no se ha determinado si fue violada, se sospecha que fue abusada sexualmente.

 Detención de los principales sospechosos 

Tras emitirse boletas de captura, fueron aprehendidos el 7 de septiembre de 2021, “se les dio prisión preventiva por 24 horas y, lastimosamente el juez Wilmer Tapia -pese a que el niño ha pasado por más de 7 intervenciones quirúrgicas y su cuadro clínico es severo- dispuso que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar y no levantó cargos contra el padre sino solo contra la madrastra. Así, se dispuso la libertad”, relata García.

Para el juez de lo penal, Wilmer Tapia, se trató de violencia intrafamiliar, pero las imágenes y pericias de la víctima son la escena de una realidad mayor: al niño “lo violaron sexualmente y lo torturaron”, relató García.

 Negligencias e irregularidades en este caso 

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (CEPAM), se hizo cargo recientemente del caso de los menores, con el objetivo de dar un tratamiento legal pertinente, y resolver las “irregularidades” detectadas en la propia justicia. Consuelo Bowen Manzur, directora de la clínica jurídica feminista del CEPAM y experta el litigio estratégico en el Sistema Interamericano, asegura que, como primer paso, se procederá a presentar este lunes 20 de septiembre una queja en el Consejo de la Judicatura por “algunas negligencias e irregularidades que han ocurrido en este caso”.

“En la pericia hecha al niño se determina que ha existido violación sexual. Además, en su cuerpo hay indicios de tortura, no únicamente de maltrato. Esto ha llevado a considerar que hay un riesgo incluso para los otros niños que habitan en esa casa. En la niña de 8 también hay indicios de graves maltratos”, manifiesta.

No obstante, pese a estas evidencias, no se abordó el caso como violencia sexual ni por tortura, sino por violencia intrafamiliar, lamenta. Por esta razón, el pasado 10 de septiembre, tras conocer el caso, CEPAM emitió una alerta en sus redes sociales para denunciar la actuación del juez Wilmer Tapia.

 Otros 5 menores de edad en riesgo 

De acuerdo con información del MIES, tras la hospitalización de los dos niños, la entidad procedió a intervenir a otros cinco menores de edad que vivían en la misma casa; cuatro de ellos, hijos biológicos de la pareja presuntamente agresora, y uno que es su nieto.

Los menores también pasaron por un chequeo médico en el que se determinó que no habían sido violentados, aunque sí se encontró que tenían desnutrición.

Sin embargo, tras la disposición del juez, “nos tocó hacer el retorno de los niños a sus casas con sus padres”, señala García. Por ahora la implicada en este caso permanece en su hogar. Ella vive junto a otros seis menores de edad. El padre continúa sus labores en una camaronera.

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